Sábado  18 de noviembre  de 2017  8:06 am
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La actividad de un funcionario público en la red social Twitter se convirtió en tema de análisis de un juicio de amparo cuando el alcalde de Nogales, Sonora, decidió bloquear a un ciudadano por sus críticas.

David Cuauhtémoc Galindo Delgado utiliza su cuenta en Twitter (@TemoGalindo) para promover sus actividades administrativas como presidente municipal de Nogales y políticas, como militante del Partido Acción Nacional.

Luis Oscar Ruíz Benítez al tratar de enviar un mensaje al alcalde a través de esa cuenta descubrió que estaba bloqueado. Mediante una solicitud de transparencia, Ruíz Benítez obtuvo el reconocimiento por parte de la autoridad municipal de que la cuenta era únicamente del presidente municipal, que la misma se considera su oficial para “comunicar las actividades cotidianas del Presidente y a su vez estar contacto (sic) mas (sic) cercano con la ciudadanía”.

Así, a través de su representante legal, Ruíz promovió un juicio de amparo alegando que el bloqueo vulneraba su derecho a la libertad de información, libertad de expresión, a no ser discriminado y de acceso a los medios de comunicación a través de esa plataforma tecnológica, en violación a los artículos 1°, 6, 14 y 16 de la Constitución Política.

El presidente municipal, al rendir su informe justificado, alegó que la demanda era improcedente porque no se trataba de un acto de autoridad en atención a que la cuenta en la red social es personal, misma que creó antes de ser electo alcalde, “por lo que no existe una relación de supra subordinación con el quejoso en el uso de aquélla, además que existen medios oficiales a través de los cuales puede acceder a la información pública gubernamental”.

El juez no coincidió con el alcalde.

Para tomar su decisión, el juzgador analizó la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora que obliga a los alcaldes a promover la comunicación social, mientras que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora les obliga a transparentar y permitir el acceso a la información que obre en su poder y, además, señala en su artículo 70 que “Los sujetos obligados procurarán establecer canales de comunicación con los ciudadanos, a través de las redes sociales y plataformas digitales que les permitan participar en la toma de decisiones.”

El juzgador destaca que aunque esta no es una obligación, el alcalde “decidió comunicarse con la ciudadanía a través de este medio electrónico al compartir en su cuenta personal información inherente al desempeño de su encargo, es evidente que voluntariamente asumió las consecuencias normativas correspondientes…; por tanto, si un funcionario decide utilizar su cuenta privada (que no pertenece a la oficina que desempeña), en una red social para comunicarse con los gobernados a través de la publicación de información inherente a las acciones tomadas en ejercicio de su cargo público, es evidente que asume la responsabilidad de garantizar el acceso a ella a cualquier persona en términos de la normativa en referencia.”

El juzgador destaca que la cuenta “@temogalindo no es utilizada, únicamente, para emitir opiniones de índole personal, sino que a través de ella hace publicaciones de actividades relacionadas a su desempeño de la Presidencia Municipal de Nogales, Sonora; luego, aun cuando la cuenta haya sido abierta antes de su acceso a ese cargo público (julio de dos mil diez), lo cierto es que la utiliza para difundir información de interés público,” asumiendo con ello la obligación de publicidad a que se refiere la legislación aplicable.

Por tanto se considera que el presidente municipal de Nogales, Sonora, al haber bloqueado al quejoso en su cuenta de la red social Twitter, vulneró su derecho al acceso a la información de interés público “que documenta en la misma a través de las publicaciones que realiza, que reflejan las actividades llevadas a cabo en ejercicio del puesto público desempeñado”, así como el derecho a estar informado, conforme a lo establecido en el artículo 6º de la Constitución Política.

El asunto sigue en tribunales por lo que la sentencia no es definitiva, pero es un importante precedente.

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