Sábado  18 de noviembre  de 2017  8:06 am
Captura de Pantalla de First National Security

Esta semana fue gran noticia en los medios el “aseguramiento” que la Procuraduría General de la República hizo la madrugada del pasado lunes de 1,500 cajas de seguridad arrendadas por la empresa de resguardo de valores First National Security de México en Cancún, Quintana Roo.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, obtuvo una orden de cateo para abrir las cajas, extraer el contenido de las cajas, realizar un inventario y trasladarlo a la Ciudad de México para determinar si se encuentra relacionado con ilícitos.

“Todos aquellos bienes que no guarden relación con los hechos materia de la investigación que realiza la Procuraduría General de la República, serán devueltos a la brevedad posible a quien acredite su interés jurídico”.

Según declaraciones del titular de la SEIDO, Israel Lira Salas, las diligencias se llevan a cabo en el lugar. “Todas las cajas ya fueron abiertas y en algunas de ellas se encontraron objetos que podrían pertenecer al crimen organizado”, destacó.

Explican que hasta el momento se han encontrado miles de “plásticos” para tarjetas de crédito de tiendas departamentales e instituciones bancarias sin personalizar; enormes fajos de billetes en dólares, euros y pesos, en los que abundan los billetes de 20 dólares, comunes en el narcomenudeo; joyas; relojes finos y documentos tales como chequeras, libretas, agendas, facturas, títulos de propiedad, etcétera, que, según la Procuraduría, pueden aportar indicios sobre actos criminales.

Al menos 30 clientes han obtenido una suspensión provisional para que las cajas de seguridad no sean abiertas ni se trasladen fuera de Cancún. Al respecto, el subprocurador indicó que los amparos fueron tramitados después de que las cajas fueron abiertas por lo que el efecto de la suspensión es que el contenido no sea trasladado a la Ciudad de México hasta en tanto se defina si la suspensión prevalece o los jueces conceden el amparo. Otras 50 personas también han tramitado un amparo, pero la decisión puede ser impugnada por la propia PGR.

El caso ha llegado a la tribuna de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y sobre el tema también se ha manifestado la Comisión Nacionald e Derechos Humanos para que los usuarios de las cajas de seguridad “tengan certeza jurídica sobre la preservación y salvaguarda de sus pertenencias, documentos y/o valores”.

Tal vez la Procuraduría pudo haber utilizado un método menos escandaloso y llamativo para revisar el contenido de las cajas de seguridad, como hacerlo con la intervención de un notario y con la presencia de los arrendadores de las cajas, y ese es parte del problema, porque depende qué es lo que se está asegurando: las cajas de seguridad en sí, que son propiedad de First National Security o los bienes contenidos en las mismas.

En este orden de ideas, la PGR señala que la orden de cateo que se le otorgó fue respecto del inmueble que ocupa First National Security y de todo lo que estaba a su interior, incluidas las poco más de mil 500 cajas de seguridad que fueron abiertas.

Por lo menos en 17 de las más de mil 500 cajas que fueron abiertas se ha encontrado contenido relacionados con la delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Los casos que se han presentado hasta ahora en México han estado relacionados con el robo de cajas de seguridad, en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido en al menos dos ocasiones que los bancos están obligados a restituir a los clientes los objetos que hayan sido robados de una caja de seguridad, siempre y cuando se compruebe su existencia, no siendo razonable exigir pruebas directas del depósito de los objetos y de su sustracción.

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