Sábado  18 de noviembre  de 2017  8:06 am
Manos tras las rejas

El 5 de septiembre de 2001 fue asesinada a las puertas de su casa, por tres individuos vestidos de negro, María de los Ángeles Tamez Pérez, séptima regidora de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México. A 16 años de su muerte aun no existe nadie que haya sido sentenciado por ese homicidio.

María de los Ángeles Tamez Pérez tenía conocimiento de irregularidades cometidas en el municipio ya que había denunciado que estaba enterada de la existencia de todo un aparato de espionaje montado por las autoridades.

Los presuntos responsables del homicidio, señalados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que en ese entonces encabezaba Alfonso Navarrete Prida, fueron Daniel García Rodríguez y Felipe Reyes Alpízar Ortiz, quienes llevan 15 años en prisión preventiva esperando ser juzgados por el homicidio. A García se le señala como autor intelectual y a Alpízar como autor material.

Según explica el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, los acusados expresamente renunciaron al derecho a ser juzgados en un año con la finalidad de aportar medios de prueba y han interpuesto diversos recursos y juicios de amparo, 20 juicios en total.

Asimismo, el ex procurador señala que no se ha dictado sentencia porque los acusados han extendido el proceso con diversos recursos.

La defensa de los acusados, por su parte, destaca que el único vínculo entre García y Alpízar es la declaración firmada por este último en la que confiesa el crimen, pero que argumentan fue obtenida con tortura física y sicológica. Hay que destacar que la defensa de Daniel García la encabeza su hija, que cuando él fue detenido estudiaba la secundaria.

El asunto ha llegado a instancias internacionales como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas que, al revisar el caso, ha solicitado al gobierno mexicano la inmediata libertad de Daniel García y Reyes Alpizar, a manera de reparar el daño por los 15 años de privación de la libertad y por un proceso sin sustento y sin pruebas.

En la opinión 66/2017 se afirma que la detención de los inculpados fue ilegal y arbitraria, que violó su derecho a la presunción de inocencia y que fueron incomunicados y torturados, destacando que se trata de una situación inédita y constituye un récord mundial.

Por su parte, el padre de la regidora, Pedro Tamez, declaró a Radio Fórmula en junio del 2016 que no se planteaba otra versión de los hechos distinta a la del Ministerio Público, apuntando a Daniel García como "autor intelectual" y a Alpízar como "autor material".

Dieciseis años sin justica, para ninguna de las partes.

Más información elsoldetoluca.com.mx

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