Sábado  18 de noviembre  de 2017  8:06 am
Rafa Márquez

El Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México ha concedido a Rafael Márquez la suspensión definitiva en los amparos que el futbolista promovió en contra del aseguramiento de las cuentas bancarias de dos de sus empresas, por presuntamente lavar dinero para Raúl Flores “El Tío”, operador financiero del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

En septiembre pasado Márquez ya había obtenido la suspensión provisional a la orden de aseguramiento por lo que su equipo de contadores y administradores recuperaron la facultad de hacer uso de los recursos.

Esta medida fue confirmada esta semana al concederse la suspensión definitiva en lo que se resuelve el fondo de los juicios de amparo. En los juicios de amparo, la PGR deberá fundar y motivar la intervención de las cuentas.

Como señalamos anteriormente en miabogadoenlinea.net, Márquez podría beneficiarse también de la reciente decisión tomada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

El párrafo noveno del citado artículo establece que: “Las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos de…” terrorismo o lavado de dinero.

El que Hacienda incluya a una persona física o moral en la lista de personas bloqueadas, implica que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, solicite a las instituciones financieras se suspenda de manera inmediata la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con esa persona o a través de ella, imposibilitando la apertura de nuevas cuentas y cancelando las vigentes, así como que se les impida la disposición de los recursos.

La Sala consideró inconstitucional el precepto porque sustituye al ministerio público en su facultad investigadora; viola la garantía de presunción de inocencia porque que una persona que aún no ha sido denunciada ante el ministerio público, ni menos aún juzgada por tribunal competente, es tratada como un delincuente sin que exista sentencia que así lo determine, o cuando menos, la persona es tratada como presunto responsable de un delito o imputado, sin que exista aún investigación formal realizada en su contra ni denuncia al respecto; y también se considera que es una violación al debido proceso.

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