Lunes  23 de octubre  de 2017  1:29 pm
Llave de agua

En Aguascalientes, Aguascalientes, empieza a surgir la controversia por los cortes del suministro agua que pretende realizar Proactiva Medio Ambiente CAASA, S.A. de C.V., concesionaria que presta el servicio de agua potable.

El 15 de agosto, la empresa concesionaria del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de la capital del estado, Proactiva Medio Ambiente Caasa, anunció a los medios de comunicación a través de un correo electrónico que “La suspensión al servicio de agua potable procede a partir de tres meses de falta de pago para usuarios domésticos y de dos meses para usuarios comerciales”.

La empresa argumenta que la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo promovido por la empresa, le permite realizar esos cortes de servicio. En esa ocasión la Segunda Sala de la SCJN declaró la inconstitucionalidad de los artículos 96 y 104 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, “por vulnerar el principio de reserva de fuente de ingresos municipales”.

Estos artículos incluyen cobrar por el servicio de agua potable a las escuelas y hospitales del municipio, así como para suspender el suministro ante la falta de pago de los usuarios.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos por su parte afirma que esos cortes de agua implican una vulneración de derechos. El presidente del organismo señala que “La Suprema Corte de Justicia de la Nación no se pronunció sobre la procedencia de los cortes de agua, yo sostengo que es susceptible por la ley de amparo”.

Efectivamente, la SCJN se ha pronunciado sobre el tema y en la tesis aislada: DERECHO HUMANO DE ACCESO ALAGUA. SUPUESTOS EN QUE PROCEDE LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO POR FALTA DE PAGO DEL SERVICIO PARA USO PERSONAL Y DOMÉSTICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

En esa tesis se reconoce que el acceso al agua es un derecho humano que implica para el Estado el deber de proporcionar agua potable sin distinción alguna y con capacidad de respuesta a los sectores más vulnerables para garantizar su sobrevivencia y desarrollo económico y social y que el Estado debe garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, suficiente y apta para el uso personal y doméstico y para prevenir enfermedades.

“De esto”, dice la tesis, “se sigue que éste debe abstenerse de realizar cualquier práctica o actividad que restrinja o niegue el acceso al agua potable indispensable a cualquier persona (mínimo vital), siempre y cuando sea para uso personal y doméstico… cuando el agua es para uso personal y doméstico y hay falta de pago del usuario de la toma, la autoridad no puede suspender su suministro de forma total y absoluta, como una medida de primera mano, sino que debe reducirlo y proveer una cantidad mínima indispensable para que el usuario pueda solventar sus necesidades básicas, lo cual no implica que resulte gratuita. A partir de ello, debe buscar un acuerdo de pago, teniendo en cuenta el número de habitantes de la casa; las condiciones en que viven; su capacidad económica; y si alguno de ellos se encuentra en una situación de vulnerabilidad o de especial protección (por ejemplo, personas enfermas, menores de edad, personas con capacidad diferente o en pobreza extrema), en cuyo caso, no podrá dejar de dotar, por cada persona vulnerable, una cantidad mínima de cincuenta litros de agua por día”.

“Si existe renuencia del usuario de llegar a un acuerdo de pago, cuando tiene capacidad económica para hacerlo, o lo incumple cuando lo celebra, puede suspenderse en forma absoluta el suministro de agua si persiste el incumplimiento de pago”.

Más información lja.mx 

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