Al resolver una controversia constitucional, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los ayuntamientos de Yucatán están facultados para establecer sus propios Tribunales Contenciosos Administrativos.

La Primera Sala destaca que el Congreso de la entidad estableció en las leyes en materia municipal que los ayuntamientos tienen la facultad de aprobar los reglamentos que organicen la administración pública municipal, por ende, están facultados para establecer tribunales contenciosos administrativos.

En el centro de la controversia se encontraron los artículos 115 de la Constitución y el capítulo sobre Tribunal de lo Contencioso Administrativo Municipal de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. En ese capítulo se establece que en cada municipio podrá existir un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que será competente para conocer de los recursos de revisión que se interpongan contra los actos de la administración pública municipal o de los jueces calificadores y las resoluciones que recaigan al recurso de reconsideración.

A partir del análisis del artículo 115 de la Constitución Federal, en relación con las facultades de los municipios, la Primera Sala advirtió que el Constituyente yucateco previó en la ley que organiza y reglamenta el funcionamiento de los ayuntamientos, el sistema de medios de impugnación en materia contenciosa administrativa, y la posibilidad de que los municipios pudieran contar con tribunales contenciosos administrativos. En el caso de los municipios que no cuenten con un tribunal de esta naturaleza, se estableció que el tribunal administrativo estatal en la materia será el competente para resolver las controversias.

La controversia surgió porque el ayuntamiento de Mérida estableció en 2015 un tribunal contencioso administrativo para el municipio, pero el Poder Judicial, a través del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Yucatán, no reconoció el tribunal y obstaculizó el inicio de funciones del tribunal municipal, por lo que el Ayuntamiento de Mérida interpuso una controversia constitucional sobre este asunto, que ayer se resolvió a su favor en la Suprema Corte.

A partir de ahora, las denuncias contra actos del ayuntamiento meridano se deberán presentar en el tribunal municipal y no en el estatal como ocurría hasta ahora.

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