Bandera de huelga

El Tribunal Constitucional Federal de Alemania ha concluido que los funcionarios públicos alemanes, incluyendo a los maestros de escuela del sector público, no pueden ir a la huelga pues se crearía un "efecto dominó" en el sector público que amenazaría con socavar "los principios fundamentales de la administración pública".

En la resolución se establece que las acciones que lleva  cabo el personal del sector público suspendiendo su trabajo, en una oleada de recientes "huelgas de advertencia", son incompatibles con el deber fiduciario relacionado con un cargo público.

Con esta decisión se desecha el recurso presentado por cuatro profesores de primaria que participaron en protestas y paros laborales durante su horario de trabajo y que posteriormente recibieron por ello una sanción disciplinaria.

Los cuatro maestros, en las regiones de Renania del Norte-Westfalia, Schleswig-Holstein y Baja Sajonia, tienen la condición de funcionarios públicos, a diferencia de otros que su contratación les permite participar en las acciones de su sindicato, la Unión de Educación y Ciencia (GEW). En el caso de los funcionarios, establece el Tribunal Constitucional alemán, su función pública está por encima de esta derivada del derecho de asociación y del derecho de la defensa de los propios intereses económicos.

El Tribunal Constitucional señala que el derecho fundamental a la libertad de asociación está limitado para profesionales como profesores, policías, bomberos o equipos de rescate, limitando la posibilidad de hacer huelga, ya que se afecta a la población en el caso de que este tipo de trabajadores del sector público abandone su función.

“Eso no quiere decir”, dice la sentencia, “que los profesores o cualquier funcionario público alemán no pueda luchar por la mejora de sus condiciones laborales, pero deben ajustarse a otro tipo de reivindicaciones que no incluyan la huelga o el abandono de su puesto de trabajo”.

El máximo tribunal alemán señala que los funcionarios públicos tienen derecho a asociarse para reclamar y promover mejoras de sus condiciones laborales y económicas, pero limita las formas de protesta a los que han adquirido la condición de funcionarios públicos. En Alemania, se estima que hay cerca de 800,000 profesores, según datos del Tribunal Constitucional, de los que tres cuartas partes son funcionarios.

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