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Esta semana se hizo publica una resolución de la Agencia Española de Protección de Dataos, AEPD, en la que se impone una multa de 2,000 euros a una persona que desde su casa grabó la actuación de la policía y difundió las imágenes por WhatsApp.

Según la denuncia, presentada en mayo de 2017 ante la AEPD, el denunciado grabó actos de la policía en la calle en el municipio de Font de la Figuera, Valencia. Pese a que le solicitaron que dejara de grabar, no lo hizo e incluso distribuyó esas imágenes por la mencionada red social.

El denunciado se defendió diciendo que “los hechos denunciados se corresponden con una grabación que se hizo de una agresión realizada en la vía pública, y la respuesta policial que se dio a la misma también en la vía pública, por lo que, si bien es cierto que no consta de forma expresa el consentimiento de los sujetos grabados, lo cierto es que el mismo no era necesario en tanto que nos encontramos con hechos ocurridos en la vía pública y en los que interviene un funcionario en el ejercicio de sus funciones, las cuales no están especialmente protegidas por no requerir anonimato (…)”.

Sin embargo, la directora de la AEPD concluyó que “de acuerdo con aquella definición de tratamiento de datos personales [de la Ley Orgánica de Protección de Datos], la mera captación de imágenes de las personas o su difusión a través de WhatsApp puede considerarse un tratamiento de datos personales incluido en el ámbito de aplicación de la normativa citada, debiendo analizarse en cada caso si este tratamiento se efectúa sobre información concerniente a personas físicas identificadas o identificables.

“Así, en el presente supuesto, considerando que las fotografías de un miembro del denunciante permiten su identificación, debe concluirse la existencia de datos de carácter personal y la plena aplicabilidad de los principios y garantías expuestas en la normativa de protección de datos de carácter personal.”, continúa la resolución.

Por tal motivo se impone al denunciado una multa de 2,000 euros, la que deberá pagar dentro del plazo señalado en la ley una vez que la decisión sea ejecutiva, es decir, una vez que renuncie a las instancias judiciales o éstas queden agotadas.

Se trata de una decisión que llama la atención por los alcances que están dando a la ley de protección de datos y su imbricación con la libertad de expresión (y denuncia) ciudadana.

Más información elderecho.com

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