Refugiados venezolanos ingresando a Roraima

La semana pasada, la gobernadora del estado de Roraima en Brasil solicitó a la Corte Suprema autorización para cerrar la frontera de su estado con Venezuela y ahora la Procuraduría General de la República brasileña se pronunció en contra de la petición ya que viola frontalmente compromisos internacionales de defensa de los derechos humanos asumidos por el gobierno brasileño.

Roraima es uno de los veintiséis estados que, junto con el Distrito Federal, forman la República Federativa del Brasil. Está ubicado en el extremo norte de la región norte del país. Limita al noroeste y norte con Venezuela a través de las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas.

La Procuraduría señaló que como signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Brasil debe garantizar la protección de los refugiados pues es un derecho humano el buscar y gozar de asilo en otros países sin sufrir persecución.

Para el Ministerio Público, el cierre de la frontera también viola otros acuerdos internacionales firmados por Brasil como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra.

"El cierre de la frontera ofende frontalmente tanto la protección a los refugiados como la política brasileña de migración y provocaría el aumento del ingreso irregular y de la permanencia clandestina de esas personas, lo que agravaría la situación social en la región", afirmó la PGR brasileña.

El Ministerio Público recordó que una de las bases de la nueva Ley de Migración de Brasil es el Principio de Acogida Humanitaria.

El cierre de la frontera con Venezuela fue solicitado a la Corte Suprema el 13 de abrir pasado por la gobernadora de Roraima, Suely Campos, con el argumento de que el ingreso diario de entre 500 y 700 inmigrantes venezolanos que huyen de la crisis económica, social y política de su país, ha provocado una grave crisis en uno de los estados más pobres de Brasil.

De acuerdo con la gobernadora, sin ayuda financiera y logística del gobierno federal de Brasil, el estado de Roraima no tiene condiciones de soportar el alto costo social y económico causado por el éxodo de venezolanos como es el ofrecerles servicios obligatorios como salud y educación.

Las autoridades brasileñas calculan que cerca de 50,000 venezolanos se han establecido en los últimos meses en Boa Vista, capital de Roraima, lo que supone más del 10% de la población total de esa ciudad, estimada en unos 320,000 habitantes.

El poder ejecutivo brasileño tiene un plazo de 30 días para pronunciarse sobre la petición.

Más información lavanguardia.com

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