Domingo  17 de diciembre  de 2017  2:09 am
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Colombia negó a algunos integrantes del Clan del Golfo, anteriormente conocido como Clan Úsuga, Los Urabeños, Bloque Héroes de Castaño y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la posibilidad de acceder a los beneficios que contempla el Acuerdo de Paz que pactó el gobierno de ese país con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo o FARC-EP.

A pesar de que es claro que el Acuerdo no beneficia a las bandas criminales, los miembros de este grupo criminal que se encuentran presos en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Popayán, en el Departamento de Cauca, Colombia, argumentaban que estaban recibiendo un trato desigual al que recibieron los integrantes de las FARC.

Los reclusos pedían que se le concediera un trato especial de la misma forma que a la agrupación guerrillera por estimar que la creación de zonas transitorias de normalización denominadas “veredales” no eran acordes “con los crímenes de lesa humanidad, que por décadas cometieron en perjuicio del pueblo colombiano y, en contraposición, a ellos no se le ha otorgado ninguna gracia”. 

Además, solicitaban un proyecto de ley que otorgue beneficios a todos los presos del país “sin exclusión de delitos en un tiempo oportuno y perentorio como se les dio a las FARC”. 

La Sala Penal negó todas las pretensiones de los delincuentes al señalar que el gobierno nacional no incurrió en un trato desigual injustificado al querer y hacer un Acuerdo de Paz con la guerrilla; ni por parte del Congreso al expedir las normas que reglamentan el Acuerdo.

“Ninguna afrenta al derecho a la igualdad genera la implementación de la aludida legislación, pues la coyuntura sociopolítica colombiana caracterizada por factores de extrema violencia, producto del enfrentamiento armado con uno de los principales grupos armados organizados al margen de la Ley, habilitó al Estado a buscar la terminación de tal lucha, frente a la implementación y regulación de la problemática emanada de la comisión de delitos comunes”, indicó la Corte.

La Corte igualmente señaló que la Ley de Amnistía y la Jurisdicción Especial para la Paz son el resultado del ejercicio de la libertad de configuración legislativa del Congreso de la República para dar beneficios en la búsqueda de una paz estable y duradera.

“En este caso, los accionantes y algunos integrantes de las FARC-EP se encuentran privados de la libertad por cuenta de procesos penales, pero estos últimos por cuenta de delitos cometidos con ocasión o en relación con el conflicto armado interno colombiano, siendo este elemento una diferencia más relevante que las similitudes, la cual es suficiente, en concepto del Legislador, para dar un trato diferenciado, sin que este pueda considerarse contrario al derecho fundamental a la igualdad”, agrega el fallo.

Desde hace un año el Asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a cargo del equipo de Paz Territorrial e Institucionalidad señaló que las bandas criminales que delinquen en Colombia, no tendrían opción de negociación con el gobierno nacional, por el contrario, deberían someterse a las políticas de sometimiento a la justicia, entregando sus bienes, desmontando las estructuras y sometiéndose a un proceso judicial.

Más información elheraldo.co 

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