Sábado  18 de noviembre  de 2017  8:06 am
Ártico, mar, hielo

En un caso que podría sentar un precedente mundial, empezó en un tribunal de Oslo el proceso en el que grupos ambientalistas demandaron al gobierno de Noruega por incumplir el Acuerdo de París sobre cambio climático y su propia Constitución al haber otorgado nuevos permisos de perforación petrolera.

La demanda fue presentada en octubre de 2016 por Greenpeace, la organización Natur og Ungdom, Naturaleza y Juventud, y por el reputado profesor e investigador estadounidense James Hansen, habiéndose unido posteriormente la organización Campaña de Abuelos por el Clima. En esta demanda acusan al estado de incumplir el acuerdo de la conferencia COP21, firmado en París en 2015 y que inició vigencia en noviembre de 2016, y la sección de la Constitución nacional que garantiza el derecho a de los habitantes a un medio ambiente sano.

Lo anterior porque en mayo de 2016 el gobierno noruego otorgó 10 concesiones a 13 compañías petroleras para la exploración petrolera lo que, a juicio de las organizaciones ambientalistas, presenta un grave riesgo al medio ambiente.

Tres de las concesiones otorgadas son para zonas ubicadas en una zona marítima fronteriza con Rusia que ha permanecido sin explorar hasta hoy día por tratarse de una zona que ambos países disputaron hasta haber llegado a un acuerdo en 2010. Se incluye también la zona norte más alejada hasta ahora explorada, que plantea cuestiones respecto de los témpanos de hielo.

Algunas compañías petroleras beneficiadas con estas concesiones son la noruega Statoil, Chevron y ConocoPhillips de Estados Unidos, DEA de Alemania, Idemitsu de Japón, la sueca Lundin, OMV de Austria y Lukoil de Rusia.

La demanda establece que con estas concesiones el gobierno ha violado el artículo 112 de la Constitución noruega, reformado en 2014, y que establece lo siguiente: “Cada persona tienen el derecho a un medio ambiente que sea propicio para la salud y a un medio ambiente natural cuya productividad y diversidad sea mantenida. Los recursos naturales deben ser administrados sobre las bases de consideraciones integrales de largo plazo por lo que este derecho será salvaguardado para futuras generaciones”.

Además, acusan de estar violando los términos del Acuerdo de París que busca reducir la emisión de gases efecto invernadero mediante la reducción del uso de combustibles fósiles.

Conforme a medios locales, este lunes, al exponer sus argumentos de apertura, una abogada de los demandantes, Cathrine Hambro, pidió al tribunal que determinara si la decisión del gobierno del proyecto petrolero estaba “dentro de las decisiones que pueden tener consecuencias irreversibles” y, en consecuencia, violando la disposición constitucional antes citada.

Cuando se presentó la demanda, el profesor James Hansen declaró en entrevista para The Guardian que, contrario a la percepción, “Noruega no es tan verde. Está quemando 70 por ciento más combustibles fósiles que Suecia, y está extrayendo 20 veces más combustibles fósiles que lo que necesita para su propio uso. Está usando eso para crear riqueza, pero eventualmente tendrá que decidir: ¿Quiere ser un estado agresor u obedecer las leyes?”

Sobre el ansiado inicio del proceso, en un comunicado de prensa la abogada y vocera de Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær declaró que “el gobierno noruego, como cualquier otro gobierno, tiene la obligación de proteger el derecho de las personas a un medio ambiente sano”. Agregó que de la perforación en el Ártico “seremos nosotros, los jóvenes, y nuestros hijos, los que sentiremos los peores efectos del petróleo que se quema”.

Noruega fue uno de los primeros países en firmar el Acuerdo de París y ha establecido políticas para limitar la venta de automóviles que usan gasolina, siendo el país con una mayor cantidad de vehículos eléctricos. Sin embargo, gran parte de su riqueza actual la deba a que es una nación rica en petróleo.

“Lo que suceda en Noruega en este caso tendrá un efecto en la forma en que estos asuntos se consideren en todas partes”, declaró el profesor Ole Kristian Fauchald de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oslo.

“Una decisión a favor de los ambientalistas será notoria y sentará un precedente importante. Así que hay mucho en juego”, concluyó el académico.

Se ha previsto que el proceso continúe hasta el próximo 23 de noviembre.

Más información thelocal.com

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