En el caso de los autores del libro El Gran Hermano: Historia de una simulación, en el que se denuncia el caso de cuatro contratos asignados al hermano del presidente, Fabrizio Correa, con conocimiento de la firma de estos contratos por parte de Rafael Correa, el presidente los demandó por difamación, obteniendo a su favor una condena millonaria en moneda norteamericana. Además, los cuatro investigadores del gobierno que concluyeron que el presidente Correa sí conocía los contratos que las empresas vinculadas con su hermano firmaron con el estado, también fueron demandados por Rafael Correa por falso testimonio.
Asimismo tres altos ejecutivos del diario El Universo y Emilio Palacio, ex columnista de ese diario y autor de un artículo que detonó la furia del presidente Correa al criticar su actuación en el supuesto golpe de estado en su contra, fueron condenados a tres años de prisión por injurias y también fueron condenados a pagar una indemnización millonaria.
A esto se suma la denuncia que ha hecho la revista Time respecto de la situación del diario Vanguardia, críticos del gobierno de Correa, a los que en tres ocasiones les han confiscado sus equipos de cómputo por acusaciones de violar la legislación laboral, lo cual ha impedido que salgan en su edición impresa, más no así en su versión digital.
Por otra parte el Reglamento para los Abonados/Clientes-Usuarios de los Servicios de Telecomunicaciones y de Valor Agregado prevé en su artículo 29.9 que los “prestadores de serviicos de telecomunicaciones y de valor agregado deberán remitir a soliictud de la Superintendencia de Telecomunicaciones, información relativa a las direcciones IP asignadas a sus abonados/clientes-usuarios”. Para los críticos de Correa esta norma es un riesgo para la privacidad, la libertad de expresión y la seguridad jurídica al no considerar en la misma la necesidad de una orden judicial previa a esa solicitud.
Y a todo esto habrá que agregar que en Ecuador, conforme a los artículos 230 y 231 del Código Penal es un delito ofender al presidente y a los funcionarios públicos por lo que numerosas personas han sido detenidas por incurrir en este delito, experiencia que ya vivió Javier Gonovez, tuitero ecuatoriano que fue detenido por haber proferido en esa red social amenazas contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa.
Como se podrá ver, Ecuador no es ningún paraíso de la libertad de expresión, por lo que la decisión de asilar a Assange puede obedecer más a una decisión geopolítica que a la defensa de los derechos humanos.
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