La noticia más reciente en el caso de Julian Assange, creador de Wikileaks, es que Ecuador le ha concedido asilo político, como respuesta a la velada amenaza del Reino Unido de tomar la embajada para arrestar a Assange, quien desde el 19 de junio se encuentra al interior de dicha sede diplomática.
Desde el lunes empezaron a correr los rumores de que Ecuador concedería el asilo, después de que el Presidente de esa nación, Rafael Correa, había declarado a la televisión estatal de su país que esta semana se tomaría una decisión sobre el tema una vez que se había analizado detalladamente el derecho internacional aplicable al caso.
El martes Rafael Correa publicó en Twitter un mensaje en el que desmentía estas afirmaciones “Los rumores sobre el asilo de Assange son falsos. No existe una decisión sobre el asunto. Estoy en espera de un reporte por parte del ministerio de relaciones exteriores.”
Sin embargo, el 15 de agosto la embajada del Reino Unido en Ecuador envió al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país un comunicado en el que manifestaba su preocupación sobre los rumores y advirtiendo a los ecuatorianos los siguiente: “Deben estar conscientes de que hay una base legal en el Reino Unido, la Ley sobre Instalaciones Diplomáticas y Consulares de 1987 (Diplomatic and Consular Premises Act), que nos permitiría tomar acciones para arrestar al señor Assange en las instalaciones actuales de la Embajada. Sinceramente esperamos no tener que llegar a este punto, pero si ustedes no pueden resolver el asunto de la presencia del Sr. Assange en sus instalaciones, esta ruta está abierta para nosotros.”
Este hecho fue denunciado a la opinión pública ese mismo día por el Ministro de Ecuador, declarando que de concretarse la medida anunciada en la comunicación oficial británica, "será interpretada por el Ecuador como un acto inamistoso, hostil e intolerable y, además, como un atentado a nuestra soberanía, que nos obligaría a responder con la mayor contundencia diplomática".
Esta presión diplomática del Reino Unido precipitó la decisión del Ecuador de dar asilo político a Julian Assange, que el día de ayer justificó ese acto destacando que existe un “riesgo para la seguridad y la integridad” del fundador de WikiLeaks, así como “indicios de represalias” por parte de los países afectados por las revelaciones de WikiLeaks y “contradicciones de la fiscalía sueca que han impedido el derecho a la defensa” y la protección de los derechos humanos. El gobierno ecuatoriano también argumentó que Estados Unidos, Reino Unido y Suecia “no dieron garantías necesarias” para evitar una persecución política.
La Ley sobre Instalaciones Diplomáticas y Consulares (Diplomatic and Consular Premises Act) fue creada para evitar el abuso en el uso de las sedes consulares y diplomáticas. Tiene su origen en un incidente que se vivió en la embajada de Libia en el Reino Unido en abril de 1984. Durante una protesta afuera de esa embajada, sin previo aviso, comenzaron a disparar desde el primer piso de la embajada sobre los protestantes, hiriendo a once personas, incluyendo a la oficial de policía Yvonne Joyce Fletcher, quien recibió un tiro que le provocó la muerte.
Esta ley faculta al Secretario de Estado para aceptar o dar su consentimiento para que un inmueble se convierta en una sede diplomática o consular, y le autoriza para retirar ese consentimiento o aceptación, “siempre y cuando esté convencido que esa decisión esta acorde con las leyes internacionales”, y teniendo en consideración la seguridad pública, la seguridad nacional, y los planes de desarrollo urbano.
Cuando la iniciativa se discutió, se argumentó que regularía disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, especialmente el artículo 41, inciso 3 que a la letra dice “Los locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión tal como están enunciadas en la presente Convención, en otras normas del derecho internacional general o en los acuerdos particulares que estén en vigor entre el Estado acreditante y el Estado receptor”.
Expertos ingleses dudan que el gobierno británico llegue a este extremo, porque podría tener como consecuencia que en represalia otros países tomen la misma decisión con respecto a las sedes diplomáticas y consulares del Reino Unido.
En noviembre de 2010 el gobierno de Suecia revivió la acusación por delitos sexuales en contra del australiano. Por la presión del Congreso de Estados Unidos, Amazon dejó de albergar en sus servidores a Wikileaks, PayPal le cerró su cuenta por presiones del departamento de Estado de Estados Unidos, quienes denunciaban presuntas actividades ilegales de Assange. Dos cuentas en Suiza fueron congeladas, Mastercard rompió también relaciones con Wikileaks y lo mismo intentó hacer Visa, entre otras empresas.
Inglaterra inició el proceso de extradición en febrero de 2011 que llegó hasta la Suprema Corte para finalmente ser ratificado, retuvieron en un aeropuerto ingles a una abogada de Assange que viajaba a una convención en Australia.
Assange es requerido en Suecia para ser interrogado y no se ha interpuesto denuncia en su contra ni se ha dictado orden de detención en ese país. Si el autor de Wikileaks es extraditado a Suecia se teme que Estados Unidos podría pedir a su vez su extradición para juzgarlo por las filtraciones que publicó en su sitio, enfrentando condenas que van de la prisión vitalicia hasta la pena de muerte.
La situación legal de Assange en el Reino Unido ha cambiado poco con el asilo pólítico, porque requiere un slavoconducto del gobierno británico para salir de la embajada y viajar a Ecuador, mismo que según declaraciones de las autoridades inglesas, será negado, por lo que deberá seguir en la embajada indefinidamente.
Existe el antecedente del cardenal húngaro József Mindszenty quienpermaneció de 1956 a 1971 en la embajada de Estados Unidos en Hungría, al oponerse al gobierno comunista de ese país que era apoyado por la que era la Unión Soviética, formada por la actual Rusia y otros países.
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