En el marco de la Iniciativa América Latina sin Hambre, los diputados salvadoreños conformaron el Frente Parlamentario contra el Hambre con el fin de adoptar una legislación que garantice el derecho a la alimentación adecuada de toda la población.
Este frente parlamentario se constituye para mantener la problemática del hambre como un tema prioritario en la Asamblea Legislativa y para impulsar partidas presupuestarias destinadas a la seguridad alimentaria y nutricional.
Los frentes parlamentarios son creados a partir de la Iniciativa América Latina sin Hambre que es un compromiso de los países y organizaciones de la región, apoyado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para contribuir a crear las condiciones que permitirán erradicar el hambre de forma permanente para el año 2025 de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio que propone la reducción del hambre en el mundo.
La Iniciativa es, sin embargo más ambiciosa pues propone la reducción de la incidencia de la desnutrición crónica infantil por debajo del 2,5%, en todos los países de América Latina y el Caribe para el año 2025.
Para alcanzar la meta propuesta, se deben desarrollar marcos legales que promuevan y protejan el derecho a la alimentación, instituciones que coordinen y monitoreen las gestiones para aumentar la seguridad alimentaria, y de estrategias, programas, políticas y planes que derive en acciones prácticas para erradicar el hambre.
El derecho a la alimentación es un derecho humano universal que permite que las personas tengan acceso a una alimentación adecuada y a los recursos necesarios para tener en forma sostenible seguridad alimentaria. Este derecho representa no sólo un compromiso moral o una opción de políticas, sino que en la mayoría de los países constituye un deber de derechos humanos jurídicamente obligatorio de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos que han ratificado.
En Brasil y en México el derecho a la alimentación está elevado a rango constitucional, reconocido como un derecho humano. Para cumplir con este derecho, los estados tienen cuatro niveles de obligaciones que son:
- Respetar el acceso existente a una alimentación adecuada, lo que requiere que los estados no adopten medidas de ningún tipo que tengan por resultado impedir este acceso.
- Proteger, lo que requiere que el estado adopte medidas para velar que ningún actor social prive a las personas del acceso a una alimentación adecuada.
- Facilitar, que implica que el estado procure iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y medios que aseguren sus medios de vida, incluida la seguridad alimentaria.
- Cumplir el derecho a la alimentación de forma directa cuando existan individuos o grupos incapaces, por razones que escapen a su control, de disfrutar el derecho a la alimentación adecuada por los medios a su alcance. Esta obligación se aplica también a las personas que son víctimas de catástrofes naturales o de otra índole.
Con la creación del Frente Parlamentario contra el Hambre en El Salvador, hay constituidos doce frentes parlamentarios en América latina, dedicados a hacer realidad el derecho a la alimentación en la región.
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