Un senador de oposición de Uruguay presentó un proyecto de ley para establecer que el derecho de respuesta, conocido también como de petición, pueda ser satisfecho en redes sociales.
Se trata de una iniciativa que busca incluir a las redes sociales como un medio legal para que las autoridades obligadas a dar respuesta a las peticiones de los habitantes puedan satisfacer esa obligación legal.
Para el senador que la promueve, “la iniciativa apunta a no admitir regulación y menos regulación previa, sino consagrar la libertad de expresión en las redes sociales, la cual está amparada por el artículo 29 de la Constitución. No obstante, esa responsabilidad también trae aparejadas obligaciones y responsabilidades. No censura y derecho de respuesta lo dice todo”.
En Uruguay otros medios de comunicación están regulados como medios legales para dar respuesta, pero busca ampliar la norma a estos otros medios que han surgido y que son muy utilizados en la actualidad.
En México el derecho de petición está consagrado en el artículo 8° constitucional, que establece los requisitos que se deben cumplir para generarse la obligación legal de las autoridades de responder. Pese a los avances tecnológicos, sin embargo, en nuestro país el único medio de respuesta es escrito, lo que no incluye el correo electrónico ni otro medio de comunicación electrónico.
Quizá lo anterior sea benéfico para muchos funcionarios que con cuenta en Twitter, por ejemplo, contestan impulsivamente sin haber consultado fuentes legales, lo cual podría ser causa de que se inicien en su contra procedimientos por responsabilidades administrativas.