En el caso que se sigue en Guatemala en contra del ex ministro de gobernación, Salvador Gándara, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra la resolución de la Corte de Apelaciones de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.
La resolución recurrida fue emitida el 1 de junio de 2012 y otorga medidas sustitutivas a Salvador Gándara Gaitán, en lugar de prisión preventiva, lo que podría facilitar su fuga.
Salvador Gándara fue ministro de gobernación durante la administración del ex presidente Álvaro Colom y también fue alcalde de Villa Nueva. Quedó sujeto a proceso en marzo de 2011 por supuesto lavado de dinero y en febrero de este año fue acusado por los delitos de fraude, concusión y conspiración por su implicación en los trabajos defectuosos en la remodelación de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 2.
Algunas de las deficiencias detectadas en los trabajos de remodelación de la prisión fueron los marcos de ventanas y puertas, que en lugar de haber sido fundidas, fueron clavadas, además de que los hierros de las escaleras de las literas eran muy delgados y en algunos casos solo tenían clavos. Por otra parte, cinco o seis de las ocho cámaras de seguridad instaladas en los sectores destrozados por reclusos que supuestamente se amotinaron, no funcionaron.
Sobre el particular el Ministerio Público expuso en su momento que no hubo planos, estudios ni especificaciones técnicas que demostraran la forma como sería remodelada la prisión, pese a que se trata de requisitos para autorizar la ejecución de la obra.
Además de estar acusado de actos de corrupción que afectan a la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional, Salvador Gándara tiene en su poder documentación del ministerio de Gobernación que no debería poseer porque ya no es ministro y es sospechoso de obstaculizar la averiguación de la verdad al influir en testigos, peritos u otros coimputados, así como de la posible alteración de evidencias en su propio beneficio.
En el amparo interpuesto, la CICIG considera que la inobservancia del Derecho a la Tutela Judicial y del peligro de fuga pondría en riesgo la presencia del indiciado en el proceso penal.
La CICIG es una instancia de las Naciones Unidas que se estableció en Guatemala en el 2007 para auxiliar a la fiscalía guatemalteca en la investigación y desmantelamiento de organizaciones delincuenciales.
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