Durante el segundo Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos de delegados de las Naciones Unidas sobre Ecuador, las naciones europeas fueron muy críticas sobre la situación de la libertad de expresión, de prensa y de protesta social.
En la reunión sostenida este lunes en Ginebra, Suiza, los representantes de América Latina, salvo Costa Rica, se mostraron omisos sobre el particular, ensalzando exclusivamente la labor de Ecuador en materia de inclusión social.
Sin embargo los representantes de Suiza, Suecia y de los Estados Unidos señalaron que los proyectos y leyes aprobadas en materia de libertad de expresión, así como los juicios a los periodistas que critican el entorno familiar del presidente Rafael Correa, crean un clima de autocensura y criminalizan la opinión.
Bélgica, Canadá, Estonia, Francia, Alemania, Hungría, Letonia y Luxemburgo fueron gobiernos que también manifestaron preocupación por la libertad de expresión y de prensa y advirtieron que hay intimidación a periodistas y pidieron garantías en su derecho de protesta a los grupos de oposición y particularmente a las comunidades indígenas y solicitaron un marco legal claro para que éstos últimos puedan ser consultados sobre temas que afectan sus territorios, como ya existe en el Perú.
Estas conclusiones se presentan en el marco de la situación que los cuatro investigadores o veedores del caso Gran Hermano enfrentan en Ecuador donde fueron demandados por el presidente Correa en febrero de 2011.
Estos veedores debían investigar sobre las denuncias de los negocios del hermano de Rafael Correa, Fabricio. Los cuatro investigadores concluyeron que el presidente Correa sí conocía los contratos que las empresas vinculadas con su hermano firmaron con el estado. Rafael Correa los demandó por falso testimonio.
El pasado jueves 17 de mayo la fiscalía abrió la instrucción del caso de los veedores y otorgó un plazo de 90 días al ministerio público para emitir un dictamen sobre el particular. En esta audiencia, en la que no estuvieron presentes los acusados, se dictaron como medidas cautelares la prohibición de salir del país y la presentación cada quince días ante el Juzgado Quinto de Garantías Penales.
En vista de este proceso penal, los cuatro veedores solicitaron asilo político en diferentes embajadas en Quito, de las cuales la panameña negó el asilo por no cumplir los requisitos para el mismo.
El Derecho y la Actualidad 
Google 
Facebook 
Myspace 
Linkedin 
Yahoo 
Digg 
Del.icoi.us 
Windows Live 
Blogger 