El pasado 11 de marzo, en sesión plenaria los jueces integrantes de la Corte Penal Internacional, CPI, votaron por unanimidad renovar el mandato del juez Sang-Hyun Song, de la República de Corea, como presidente de la Corte por un período de tres años efectivo inmediatamente. El presidente puede ser reelegido por una sola vez.
En esa sesión también se nombraron a los jueces Sanji Mmasenono Monageng, de Botswana, y a Cuno Tarfusser, de Italia, como primer vicepresidente y segundo vicepresidente respectivamente.
El presidente y los vicepresidentes están encargados de la correcta administración de la Corte, con excepción de la fiscalía y de las demás funciones que se le confieren en el Estatuto de Roma. En el desempeño de sus funciones la presidencia actúa en coordinación con el fiscal, recabando su aprobación en todos los asuntos de interés mutuo.
El vicepresidente primero sustituye al presidente cuando éste se halle en la imposibilidad de ejercer sus funciones o haya sido recusado, y el vicepresidente segundo sustituye al presidente cuando éste y el vicepresidente primero se hallen en la imposibilidad de ejercer sus funciones o hayan sido recusados.
Días previos a esta sesión, el 9 de marzo, se tomó también el juramento de cinco nuevos jueces que fueron elegidos en la Asamblea de los Estados Parte el pasado mes de diciembre para servir un período improrrogable de nueva años.
Los jueces que prestaron juramento son Howard Morrison, del Reino Unidos, Anthony T. Carmona, de Trinidad y Tobago, Olga Herrera Carbuccia, de la República Dominicana, Robert Fremr, de la República Checa, y Chile Eboe-Osuji, de Nigeria. La juez Miriam Defensor-Santiago, de Filipinas, quien también fue elegida en diciembre pasado, no prestó juramento por circunstancias personales por lo que se le tomará juramento en otra fecha.
De acuerdo con el Estatuto de Roma, la toma de protesta de los nuevos jueces se efectúa en sesión abierta por el presidente de la Asamblea de los Estados Parte, actualmente la embajadora Tiina Entelman de Estonia.
La Corte Penal Internacional está conformada por 18 jueces, nacionales de los estados signatarios del Estatuto de Roma. Para ser juez se necesita cumplir los mismos requisitos que el estado de donde es originario exige para el máximo nivel de la magistratura. En su elección, la Asamblea de los Estados Parte toma en consideración la representación de los principales sistema jurídicos del mundo, una justa representación entre hombres y mujeres y una distribución geográfica equitativa.
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