El pasado lunes, la ONU difundió un comunicado en donde insta a Guatemala a reformar su sistema de justicia para combatir a los dos flagelos de ese país: la violencia y la impunidad.
Este pronunciamiento de la ONU se presenta en torno del enfrentamiento que se ha suscitado desde hace varias semanas entre diversas autoridades judiciales y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el fiscal costarricense Francisco DallAnnese.
La CICIG es una instancia de las Naciones Unidas que se estableció en Guatemala en el 2007 para auxiliar a la fiscalía guatemalteca en la investigación y desmantelamiento de organizaciones delincuenciales.
El enfrentamiento se presentó cuando la CICIG declaró la necesidad de depurar el poder Judicial de ese país, pues el fiscal DallAnnese señaló que algunos jueces y funcionarios responden a los intereses de grupos criminales al dictar sentencias absolutorias en procesos donde se han presentado suficientes evidencias de cargo y anunció que iniciaría procedimientos de investigaciones a jueces.
Esas declaraciones provocaron fuertes reacciones del poder judicial y del gremio de juristas quienes señalaron que la CICIG se extralimitaba en sus funciones y que no respetaba la independencia judicial garantizada en la Constitución de Guatemala.
En apoyo al fiscal DallAnnese, en su comunicado la ONU señala que “Los principios de independencia judicial indican que los jueces deben ser protegidos de interferencias indebidas, y a la vez les exigen ser personas íntegras y no decidir casos de forma arbitraria”, y se agrega que el objetivo del principio de independencia de los jueces es garantizar la aplicación de justicia con plena imparcialidad y transparencia, lo que implica la rendición de cuentas a la que está obligado todo funcionario público.
De acuerdo con la ONU, no apegarse a estos principios de imparcialidad y transparencia, afecta negativamente el estado de derecho, la legalidad y la imagen del poder judicial, además de empañar la buena labor que otros jueces realizan.
En su comunicado, la ONU apoya al fiscal de la CICIG en cuanto que existe la necesidad de depurar las instituciones del sistema de justicia a partir de procesos disciplinarios y penales que permitan que toda acusación se tramite con prontitud e imparcialidad y con arreglo a procedimientos idóneos que respeten las garantías.
A este respecto se señaló que se deben retomar las discusiones en la Corte Suprema de Justicia sobre las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, a fin de que la ley esté adecuada a los estándares internacionales.
La CICIG divulgó cifras en 2010 en donde señalaba que el 98% de los delitos que se cometen en Guatemala quedan en la impunidad, entre otros factores debido a lo precario del sistema judicial, pero estadísticas de este año señalan que de 2,666 casos que se han llevado ante los tribunales, se han logrado 2,347 condenas.
La ONU hace también el llamado a redoblar los esfuerzos de las instituciones y de funcionarios en la lucha contra la impunidad, y exhorta a toda la sociedad guatemalteca a fortalecer los mecanismos de auditoría social y rendición de cuentas, denunciando ante las autoridades competentes a quienes no cumplan con sus funciones de manera objetiva.
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