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El Derecho y la Actualidad
Miércoles 08 de Junio de 2011 00:00

En España, el grupo de víctimas de envenenamiento por un jarabe para la tos, apeló la decisión emitida a finales de abril pasado por un juez de la Audiencia Nacional de sobreseer el caso en contra de la empresa de productos farmacéuticos de Barcelona, Rasfer.

 

Esta empresa está implicada en el caso pues fungió como intermediaria comercial entre Medicom S.A., una empresa panameña, y CNS Fortune Way, una empresa china que vendió la glicerina para fabricar el jarabe para la tos.

 

En 2003, la Caja de Seguridad Social de Panamá licitó un contrato para comprar 9,000 kilos de glicerina para elaborar un jarabe para la tos que sería distribuido de manera gratuita entre la población de escasos recursos económicos. Ese contrato fue adjudicado a la empresa panameña Madicom S.A., la cual a su vez encargó la glicerina a la española Rasfer, que a su vez la compró a la empresa china CNS Fortune Way.

 

Pese a que el encargo de glicerina era para consumo humano, la empresa china envió a Barcelona glicerina industrial que contiene  dietilenglicol, una sustancia venenosa. De Barcelona se envió la glicerina a Panamá donde se elaboró y distribuyó el jarabe para la tos y que dio como resultado por lo menos 250 personas muertas y varias otras otras cuya salud sufrió un grave deterioro.

 

Los sucesos desencadenaron una serie de consecuencias legales, entre ellas la solicitud de parte del gobierno panameño a Rasfer de una millonaria indemnización para los familiares de las víctimas que resultaron envenenadas, además de las acciones legales que se interpusieron en contra de Medicom S.A., y que llevaron a la detención de algunos de sus directivos así como la solicitud en 2009 al gobierno español de la extradición de la gerente de Rasfer, Ascensión Criado Martin, para que rindiera cuentas ante la justicia panameña.

 

En España los familiares de las víctimas del jarabe de la tos demandaron a Rasfer una indemnización por negligencia, pero el juez que revisa la causa estimó que le empresa española solo actuó como intermediario comercial entre China y Panamá y que no tenía obligación de analizar el producto y por ello decidió sobreseer la demanda.

 

Pero el abogado que representa a los 150 afectados argumenta que Rasfer sí tenía obligación de revisar el producto para asegurarse que era de consumo humano como lo había solicitado la empresa panameña por lo que alega que hubo negligencia de su parte.

 

El juez tiene los próximos días para revisar la apelación y seguir con el caso o confirmar el sobreseimiento.

 

Relacionado con este caso, el pasado 30 de mayo la Corte Suprema de China emitió un comunicado en el que exhorta a los jueces de ese país a aplicar penas más severas y multas más altas a quienes sean responsables de incumplir las normas en materia de salud y de seguridad alimentaria. Incluso propuso la pena de muerte para quienes se encuentren culpables de esos delitos, si su conducta ocasionó la muerte de alguna persona.

 

La falta de cumplimiento a normas de seguridad alimentaria en China ya también ocasionó la muerte de bebés por leche de fórmula envenenada.

 

Más información El País

 

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