El mes pasado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró que por considerarla inconstitucional, su administración dejaba de defender en tribunales la Ley de Defensa del Matrimonio, Defense of Marriage Act, DOMA, que establece a nivel federal que el matrimonio es exclusivo entre un hombre y una mujer.
Junto con el reverso que el Congreso aprobó a la política militar don’t ask, don’t tell, por la cual solo podían pertenecer a las fuerzas armadas homosexuales en cuanto no revelaran sus preferencias sexuales, esta es otra aproximación hacia los grupos que defienden los derechos de los homosexuales.
El procurador general de ese país, Eric Holder, declaró que a partir de ese momento se dejaba de defender la constitucionalidad de la ley ante los tribunales de Nueva York y Connecticut, donde esa ley fue recurrida judicialmente. Se trata de una decisión controvertida porque legalmente el ejecutivo no tiene opción de definir las leyes que defiende y las que no y tiene obligación de defenderlas todas como parte del estado de derecho.
Pese a esta decisión administrativa, la ley no pierde vigencia ya que para ello necesita o ser declarada inconstitucional por un tribunal o ser abrogada por el Congreso, por lo que hasta que no se presente alguna de estas opciones, el ejecutivo federal queda obligado a aplicarla cuando se presenten los supuestos de la misma.
Esta ley data de la administración Clinton y se ratificó previo a que la Suprema Corte declarar inconstitucional cualquier acto que criminalizara la homosexualidad.
Las declaraciones respecto de la mencionada ley ya empiezan a ver reflejados sus efectos judicialmente. Uno de estos efectos fue el retraso de la deportación de una mujer argentina que instruyó un juez de migración basado en el matrimonio de la mujer con una ciudadana estadounidense.
Hasta el momento, debido a la existencia de DOMA, los beneficios de inmigración que se conceden a los cónyuges por razón del matrimonio, no se hacían extensivos a los matrimonios homosexuales. Lo anterior porque los asuntos de calidad migratoria y población son federales y a nivel federal se reconoce exclusivamente el matrimonio entre un hombre y una mujer. Por lo anterior, pese a que el matrimonio se hubiere efectuado en un estado donde legalmente está aceptado, los beneficios migratorios no podían hacerse extensivos.
El juez migratorio, que es un funcionario administrativo, decidió detener la deportación de Mónica Alcota, la mujer argentina, y si bien no la ha cancelada, la ha retrasado en función de que la administración actual actúa conforme la inconstitucionalidad de la ley.
Mónica Alcota podrá permanecer por el momento con su esposa, Cristina Ojeda, y será hasta el próximo mes de diciembre que se tengan que presentarse nuevamente ante el juez de migración para que se tome una decisión al respecto.
Esta política seguramente tendrá numerosas repercusiones en otro tipo de casos de competencia del ejecutivo federal. Al poder judicial, por división de poderes, la política del presidente Obama no los obliga necesariamente a declarar la inconstitucionalidad de la ley.
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