Este jueves 10 de febrero tuvo lugar una huelga y una manifestación sin precedentes del poder judicial en Francia como respuesta a las palabras del presidente Nicolás Sarkozy, sobre la supuesta ineficacia de ese poder en la prevención y persecución de delitos.
La disputa se generó cuando se descubrió la semana pasada el cuerpo descuartizado de una joven de 18 años, Laëtitia Perrais cuyo homicidio ocurrió presuntamente a manos de Tony Meilhon, un hombre que fue encarcelado a los 17 años por agresión sexual y que en los últimos años ha estado entrado y saliendo de prisión.
El homicidio conmovió a toda Francia y en torno del mismo el presidente Sarkozy declaró en una entrevista televisiva el pasado 3 de febrero que los hechos ocurrieron por disfunciones graves del poder judicial y que los responsables deben ser sancionados. Sarkozy atribuyó estas disfunciones a la falta de seguimiento a Meilhon en su integración social estando en libertad.
El comentario ofendió a los jueces y magistrados, incluyendo a los magistrados de la Corte de Casación que apoyaron la huelga judicial por considerar poco adecuado que Sarkozy llegara a tales conclusiones que imputan el resultado de una situación dramática a los profesionistas de poder judicial, quienes en medio de una situación pracaria deben efectuar su labor diariamente. Por ello apoyan la consigna de los jueces que solicitan mayor presupuesto y medios para cumplir con su labor.
Las manifestaciones iniciaron el viernes de la semana pasada pero fue este jueves que legaron a su punto máximo cuando 170 de las 193 jurisdicciones de todo el país se declararon en huelga postergando todas las audiencias que no eran urgentes y cuando jueces, abogados, empleados judiciales, trabajadores penitenciarios, psiquiatras penitenciarios y policías, marcharon en varias ciudades del país como París, Nantes, Lyon, Nancy y Versalles exigiendo una revisión del presupuesto del sistema judicial.
De acuerdo con datos dados a conocer en estas marchas, los 8,500 magistrados franceses trabajan con un sueldo muy bajo en comparación con otros países europeos y reclamaron un reconocimiento de su labor ahora que los franceses confían más en el sistema de justicia.
El ministro del interior, Francois Fillon manifestó que las movilizaciones eran exageradas y que correspondía al poder judicial y a la policía responsabilizarse de sus actos, en una declaración que no ayudó a solucionar el conflicto entre ambos poderes.
Esta es la manera en que el poder judicial francés reaccionó frente a la crítica. Una reacción que en México no se ha presentado por parte del poder judicial pese a las fuertes declaraciones que en su contra hacen los poderes ejecutivo, tanto federal como estatales, cuando es también evidente que en la labor contra la delincuencia están fallando también los ministerios públicos, parte del poder ejecutivo, al no aportar pruebas conforme a derecho en los juicios.
El Derecho y la Actualidad 
Google 
Facebook 
Myspace 
Linkedin 
Yahoo 
Digg 
Del.icoi.us 
Windows Live 
Blogger 