El pasado lunes 26 de julio, la Suprema Corte de la Gran Bretaña emitió una decisión que pone un alto a las deportaciones vía rápida o “fast-track” con la finalidad de otorgar al deportado el acceso a la justicia.
Estas deportaciones fueron reguladas en el 2007 y ampliadas en enero de este año, facilitando a las autoridades migratorias británicas el proceso de expulsión de personas ilegales en su territorio. Con ello, el aviso de 72 horas que usualmente se daba a quien iba a ser deportado se redujo y se hizo, según las autoridades migratorias, para evitar conflictos en los centros de internamiento o intentos de suicidio como se había presentado en oportunidades anteriores.
Pero este tipo de deportaciones derivó a la costumbre de acudir por las personas a deportar en la madrugada, escoltarlas al aeropuerto y subirlas a una avión, en procesos que demoraban unas cuantas horas y sin darles la posibilidad de contactar a sus abogados ni de exponer su caso frente a las autoridades.
Bajo ese proceso muchas personas deportadas fueron puestas en riesgo, entre ellos una adolescente que cuando pudo contactar a su abogado se encontraba en Italia, bajo la protección de un hombre que había conocido en la calle.
La Suprema Corte dictaminó que bajo este tipo de deportaciones se negaba a las personas la garantía de audiencia y el acceso a la justicia, y si bien mediante su decisión no prohíbe las deportaciones, solicita que el proceso permita mayor tiempo a los deportados para defenderse. La Corte concedió al Ministerio del Interior, oficina encargada de este proceso, la posibilidad de apelar la decisión.
Activistas de derechos humanos aplaudieron esta decisión pues expusieron que si a muchos de los deportados se les hubiera dado la oportunidad de exponer sus casos, se les hubiera otorgado la calidad de asilados o refugiados, además de que muchos fueron puestos en riesgo en su integridad personal.
Este tipo de deportaciones es común en los países europeos debido a la alta inmigración que reciben cada año, sin embargo no deja de ser un problema de violación de derechos humanos no solo por negar el acceso a la justicia, sino por poner en riego la integridad física y moral de los deportados.
Tal es el caso que está sacudiendo a Italia, donde Faith Aiworo, una mujer de nacionalidad nigeriana de 23 años, se encuentra desparecida y se teme que haya sido repatriada a su país donde hay una sentencia de muerte esperándola.
Faith fue acusada a los 17 años de haber matado a su jefe, quien intentó violarla y fue condenada a morir ahorcada. Libre bajo fianza decidió salir de su país para ponerse a salvo y así llegó a Italia, donde hace unos días sufrió otro intento de violación. Gracias a la intervención de sus vecinos, la policía llegó al lugar, pero cuando denunció a su agresor, la detenida fue ella por carecer de papeles legales de residencia.
Al ser detenida en el centro de internamiento de extranjeros de Bolonia, ciudad donde residía, presentó una solicitud para ser aceptada como refugiada, pero el proceso de deportación fue muy rápido de manera que su abogado, con quien ella solo pudo comunicarse desde el aeropuerto de Roma donde la esperaba un avión para transportarla a Lagos, Nigeria, no pudo bloquear la deportación.
El abogado ha alertado sobre su desaparición y dice que no ha tenido noticias de Faith y que espera que no haya sido repatriada pues en su país solo la espera la muerte y añadió que Italia está cometiendo un crimen internacional.
Defensores de los derechos de los inmigrantes han expresado que esta deportación debería ser considerada ilegal por violar disposiciones constitucionales de Italia, donde se protege el derecho a la vida, así como tratados y convenciones internacionales, como el artículo 19 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea que establece que “nadie puede ser alejado, expulsado o extraviado hacia un Estado donde corra el serio riesgo de sufrir una condena a muerte, torturas o otras penas inhumanas”.
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