Viernes  31 de octubre  de 2014  1:08 am

España se prepara para aplicar el proceso de reforma constitucional que está prevista en su Carta Magna por segunda vez desde que ésta adquirió vigencia en 1978 y es para incluir en la misma el límite al gasto público.

 

La única reforma previa se realizó en 1992 cuando fue dictaminado por el Tribunal Constitucional a fin de adaptar el texto constitucional al Tratado de Maastricht y otorgar a los extranjeros el derecho de ser elegidos en las elecciones municipales.

 

Tanto la reforma de 1992 como la que se propone actualmente son de urgencia y para realizarla no se convocará a un referéndum, sino que la tarea la tendrá exclusivamente el poder legislativo.

 

De acuerdo con la Constitución Española de 1978, para poder modificar su articulado es necesario que la reforma sea aprobada por al menos tres quintas partes de los miembros de cada Cámara. Si las Cámaras no se ponen de acuerdo, se intentará obtener el consenso “mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado”. Si aún así no se logra la aprobación, la Cámara baja podrá sacar la reforma adelante con el voto a favor de dos tercios de sus integrantes, siempre y cuando antes hubiese sido aceptada por mayoría absoluta en el Senado.

 

La propia Constitución prevé que cuando la reforma propuesta afecte el título referente a los derechos fundamentales y las libertades públicas, se disuelva el Parlamento. Sin embargo la reforma propuesta en este caso afecta el título referente a la economía y la hacienda por lo que no procede la disolución parlamentaria.

 

La propuesta de reforma fue presentada por el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y si bien adquirirá plena vigencia hasta 2018 o 2020, se trata de establecer que todas las administraciones, central, autonómicas y locales, tendrán la obligación constitucional de no gastar más de lo que ingresan a sus arcas, estableciendo con ello un límite estricto al gasto público de España.

 

En julio pasado los presidentes de Francia y Alemania propusieron que las constituciones de los países miembros de la Unión Europea contuvieran una norma de disciplina fiscal como ésta, como ya está previsto en la Constitución alemana que en 2009 incluyó un artículo que exige que a partir del 2016 el déficit estructural del estado no supere el 0,35% del PIB, salvo excepciones como catástrofes naturales o recesiones graves.

 

El actual jefe de gobierno de España había propuesto en 2004 cuatro reformas constitucionales que no incluían ésta, pero el establecimiento del techo presupuestal es la primera reforma con la que está de acuerdo el principal partido de oposición al gobierno por lo que se prevé que pase la reforma, siempre que la misma sea presentada a más tardar el viernes de esta semana pues frente a las próximas elecciones de noviembre, las cámaras o cortes del parlamento finalizan sesiones el 27 de septiembre.

 

Las cuatro reformas constitucionales propuestas por Rodríguez Zapatero durante la campaña de 2004 se referían a establecer la igualdad del hombre y la mujer en el acceso a la Corona, una reforma al Senado, la inclusión de los nombres de las comunidades autónomas en la Constitución y hacer una referencia explícita a la Constitución Europea.

 

Ninguna de estas propuestas obtuvo consenso por lo que el presidente decidió renunciar a presentarlas formalmente ante el Parlamento español.

 

Frente a esta reforma constitucional numerosas voces se han hecho escuchar en España, no solo de abogados y académicos especializados en derecho constitucional, sino de la ciudadanía que pide ser tomada en cuenta y que se efectúe un referéndum.

 

 

Más información El País

 

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