Martes  27 de junio  de 2017  5:27 am
Detalle de una silla de ruedas

No tendríamos porque hablar de los derechos de un sector en especial de la sociedad ya que todos gozamos de la protección que otorga la Constitución y las leyes emanadas de ésta, así como de los derechos humanos, sin distinción de condiciones económicas, físicas, mentales o sociales, que no se limitan a ninguna persona.

 

Pero en la realidad, cuando los derechos de un grupo se ven afectados o violados constantemente, es necesario repetirnos, a través de las leyes, que esos grupos gozan de los mismos derechos. Así sucede con las mujeres, los niños, y con las personas con discapacidad, que viven el rechazo, compasión, lástima, caridad, miedo o indiferencia por parte de la sociedad por lo que sufren la exclusión y marginación.

 

Así lo deja de manifiesto el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en el Distrito Federal, y que es un reflejo de la situación que se vive en todo el país.

 

En este documento se denuncia la desigualdad y la exclusión que padecen las personas con discapacidad, y como se limita y obstruye el ejercicio de sus derechos por discriminación. El documento presenta ejemplos como el de una señora invidente, que al solicitar en un banco el estado de cuenta de su chequera, le negaron el servicio con el argumento de que estaba “jurídicamente impedida” para solicitar ese servicio.

En otro caso el transporte público le negó el servicio a un invidente con su perro guía, y a pesar de que la persona presentó una denuncia en distintas instancias, nadie hizo valer sus derechos.

 

En el derecho a al educación no existe gran diferencia: el 23.3% de los niños discapacitados en la Ciudad de México no acuden a una escuela, situación que no debe ser muy diferente en el resto del país, ya que son pocos los centros educativos especializados en atender a las personas con discapacidad visual, auditiva, motriz o mental.

 

El documento concluye que se requiere un cambio cultural desde el cual la sociedad entienda que el problema no está en las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de las personas, sino en el ejercicio desigual de sus derechos.

 

Y aunque lentamente, este cambio esta empezando a vivirse. Nuestro país fue promotor ante la 56 Asamblea General de las Naciones Unidas en 2001 de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, misma que ya fue ratificada por nuestro país y entró en vigor el 3 de mayo de 2008.

 

Para los expertos, este documento viene a revolucionar los derechos y defensa de los discapacitados al modificar el enfoque asistencialista o sanitario, para buscar un modelo en el que se promueva, proteja y asegure el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad,  y el respeto de su dignidad inherente.

 

Asimismo, esta convención modifica el concepto de persona con discapacidad, definiéndolas como “…aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás”.

 

Es decir, la discapacidad no es una característica de la persona sino el resultado de la interacción entre una persona con unas circunstancias personales concretas y un entorno que limita, obstaculiza o  le impide el ejercicio de sus derechos.

 

También se amplía el concepto de accesibilidad, que hasta ahora sólo consistía en instalar rampas para las personas con silla de ruedas, pero la Convención va más allá, señalando como obligación de los Estados que ratifiquen la Convención asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones.

 

En este orden de ideas, el 30 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, que armoniza la legislación mexicana con los postulados de la mencionada Convención. Puedes revisar el texto vigente de esta ley en nuestra sección de  Leyes Federales.

 

Enlace a la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

Enlace al Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad

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