Ejemplo de reincidencia

Como explicábamos ayer, en 2008 dejamos atrás un sistema en el que para desalentar la delincuencia, la prisión preventiva era la regla y se imponía casi de manera imperativa a todo presunto delincuente. El tipo de delito y la conducta previa de los presuntos delincuentes era tomada en consideración para determinar si se le concedía la libertad bajo caución o no.

En ese sistema la retención de las personas sujetas a proceso se fundaba en la presunción de que esa persona había cometido un delito, presuntos culpables, diría el documental.

Y se podía establecer la prisión preventiva tomando en consideración sus antecedentes, lo que José Gil García, subsecretario de Información e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSPCDMX) considera reincidencia.

Pero el sistema era altamente criticado porque el 40% de la población carcelaria en el país eran personas sujetas a proceso sin una definición sobre su inocencia o culpabilidad, porque tener la prisión preventiva como regla generó sobrepoblación en las cárceles, creando a su vez conflictos de seguridad y violaciones a derechos humanos.

Es por eso que se cambió el modelo, para que la prisión preventiva fuera una excepción y el imputado pudiera atender el proceso en libertad durante el tiempo que dure el proceso. En este nuevo sistema la regla es que la prisión preventiva sólo se podrá solicitar cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio.

Extraordinariamente se puede establecer la prisión preventiva oficiosa o de ley en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Sin embargo, el ministerio público está facultado para solicitar al Juez de Control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, y así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código.

Como podemos observar los antecedentes o conducta previa del presunto delincuente siguen siendo tomados en cuenta, pero el ministerio público debe convencer al juez de control de que una persona debe enfrentar su proceso en prisión preventiva.

Para los casos que se comentan en el reportaje, debe intentar convencer al juez de que la prisión preventiva es para la protección de la comunidad, pero, sobre todo, debe destacar que el imputado esté siendo procesado o fue sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

Esto implica que debe existir un claro control e identificación de las personas que están sujetas a proceso por parte de las Procuradurías o Fiscalía Generales en los Estados para que expliquen los antecedentes de un imputado al juez y este los pueda tener en consideración.

Pero pareciera que ahí es donde está la falla y esa información no está llegando a manos de los jueces, lo que facilita que las personas imputadas por cometer un delito, vivan sus procesos en libertad.

En la próxima entrega hablaremos del nuevo modelo de derecho penal que estamos viviendo y de las particularidades de la reincidencia.

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