Delincuente reincidente

Un reciente reportaje del noticiero En Punto, de Televisa, nos presenta una de las problemáticas que presentan el país en la crisis de inseguridad que padece, en la que los conceptos como “reincidencia” y “presunción de inocencia” en el ámbito policial colisionan con esos conceptos en el ámbito judicial y cómo aún no hemos logrado la total transición del sistema inquisitorio al sistema acusatorio.

José Gil García, subsecretario de Información e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSPCDMX) expone al reportero, Arturo Sierra, casos en los que un presunto delincuente ha sido detenido 14 veces, otro 9 veces, uno más cuatro veces y que para el funcionario son reincidentes que continúan en libertad.

Estas personas eluden a la justicia cambiando su nombre, el tipo de delito que comenten o la zona en que realizan sus actividades. El funcionario destaca en un caso que el presunto delincuente fue detenido con un arma de fuego. "Lamentablemente hoy, aún a pesar de tener ese delito, seguramente estará en la calle porque la portación no es un delito grave”, señaló José Gil García.

El problema, como se expone en el propio reportaje, es que ante las autoridades judiciales “… no se puede calificar (como reincidente) a pesar de haber sido detenido, hay que recordar que el principio de presunción de inocencia implica darle un trato específico, que no generen juicios, prejuicios, ni etiquetas… no basta que digan que una persona cometió otro delito, porque fue detenido” manifiesta al reportero Paul Martín Barba, Juez Primero de Enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Sin duda estos funcionarios ven las cosas de forma distinta, uno tal vez desde el punto de vista del sistema penal inquisitorio y el otro desde el punto de vista del nuevo sistema penal acusatorio. La diferencia entre lo viejo y lo nuevo.

En el sistema inquisitorio la prisión preventiva era la norma. Durante los 80, el artículo 20 de la Constitución establecía que sólo se podía salir en libertad bajo caución, siempre que se tratase de una “… pena cuyo término medio aritmético no (fuera) mayor a cinco años de prisión”.

Después, en 1993 el modelo cambió y se estableció que se podía vivir el proceso en libertad bajo caución, siempre que “… no se tratare de delitos en que por su gravedad la ley expresamente prohíba conceder este beneficio”.

Si no se tenía el recurso para pagar la caución o fianza, las personas permanecían en prisión preventiva.

En 1996 se hizo otro cambio al artículo 20 y se agregó que en los casos de delitos no graves, el juez estuviera facultado para “… negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave…” o se aportaran elementos “… para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad”.

Así, en ese sistema la prisión preventiva era la regla y la conducta previa de los presuntos delincuentes era tomada en consideración para determinar si se le concedía la libertad bajo caución o no y existían aquellos delitos que eran clasificados como graves. Este sistema es al que hace referencia tácita el funcionario de la SSPCDMX con sus comentarios.

Pero en 2008 el modelo cambió y pasamos al sistema penal acusatorio en donde la prisión preventiva es una excepción y sólo es aplicable de oficio en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Mañana continuaremos abordando este tema.

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