Martes  30 de mayo  de 2017  5:35 am
Casa expropiada aen Tlacotalpan

El pasado domingo, el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, anunció que había firmado un “… decreto para expropiar la casa de Javier Duarte de Ochoa en Tlacotalpan". El mandatario estatal señaló que esta casa fue comprada por Duarte con dinero público, a través de prestanombres. “… tenemos que recuperar los bienes y el recurso que se llevó Javier Duarte y su banda”.

La realidad es que, con esta declaración, el gobernador lo único que está haciendo es enviciar el caso en contra de Javier Duarte, ya que con los dichos en contra del exgobernador, su defensa podría alegar que se violó el principio de presunción de inocencia.

Y para ello sólo recordemos el caso de Florence Cassez. De este caso derivó la tesis aislada “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE EXTRAPROCESAL. SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE BUENA FE MINISTERIAL”, que destaca que “…la seguridad pública va de la mano, necesariamente, del respeto al orden constitucional. Asimismo, se ha reconocido que el derecho fundamental a la presunción de inocencia, como regla de trato, exige que cualquier persona imputada por la comisión de una conducta tipificada como delito, sea tratada por todas las autoridades como inocente durante el trámite del procedimiento e incluso desde antes de que se inicie…”, esta última es la vertiente de la presunción de inocencia como regla de trato extraprocesal.

En la sentencia del caso señala la Suprema Corte que “Esta faceta de la presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos ... En pocas palabras, la Constitución no permite condenas anticipadas… y la violación a esta vertiente de la presunción de inocencia puede emanar de cualquier agente del Estado...”.

Así, de nada sirven los derechos fundamentales que la Constitución otorga a todos los imputados “…. a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra…”, si se “…realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo. Frente a estas acciones se corre el enorme riesgo de condenar al denunciado antes de tiempo…”

Así, en este tipo de escenarios resulta que el “verdadero juicio” se celebró mucho antes de la aparición del juez.

En este sentido, el Alto Tribunal destaca que la Corte Interamericana estableció en el Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México que: “el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de prueba (recae en) quien acusa”.
 
Asimismo, se destaca que dicho tribunal sostuvo que “el derecho a la presunción de inocencia (…) exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita (un) juicio ante la sociedad (que) contribuy(a) así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquella”.

Esto es lo que está ocurriendo en Veracruz, y es lo que está haciendo el gobernador del estado.  El gobernador no ha desaprovechado ninguna oportunidad para afirmar que Javier Duarte de Ochoa adquirió bienes a través de prestanombres, con recursos públicos, hecho que hasta ahora no ha sido acreditado ante la autoridad judicial, sea estatal o federal, ni existe sentencia que así lo establezca. Pero para cuando el caso llegue a un tribunal vaya usted a saber si todas esas declaraciones no afectarán el caso.

Pero, además, también sin prueba o resolución judicial alguna, se afirma que la propietaria del inmueble expropiado en Tlacotalpan se encuentra involucrada en hechos ilícitos y se omite mencionar que prestanombres o no, la expropiación del bien inmueble genera un derecho de indemnización y que se estableció en el decreto en 2,9 millones de pesos.

Como señala la SCJN “… la seguridad pública va de la mano, necesariamente, del respeto al orden constitucional…” y el Estado tienen la responsabilidad de no emitir un juicio ante la sociedad que o condene informalmente a una persona, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal, pero eso parece no preocuparle al gobernador de Veracruz, enfocado en sus fines electorales.

Al final, si el caso se cae, será muy fácil eludir la responsabilidad culpando al poder judicial.

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