Martes  25 de julio  de 2017  6:37 am
Captura de ipantalla de La Jornada

El pasado lunes 17 de abril de este año se publicó en el diario La Jornada una nota en la que se destaca que se multó a un pintor que iba a pintar la fachada de una casa, por “… obstruir el uso de la vía pública…” con su escalera. La multa que se impuso al pintor fue de 702 pesos, cuando iba a ganar sólo 200 por su trabajo.

Pero todo es conforme a la ley, aunque se una justicia ciega. La Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal es una ley que tiene por objeto “establecer reglas mínimas de comportamiento cívico; garantizar el respeto a las personas,… y … la promoción de una cultura de la legalidad que fortalezca la convivencia armónica, la  difusión el orden normativo de la ciudad además del conocimiento de los derechos y  obligaciones de ciudadanos y servidores públicos”.

El Artículo 25 de esta ley establece como “infracción contra la seguridad ciudadana… II. Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública …” y se sanciona con multa por el equivalente de 11 a 20 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente o con arresto de 13 a 24 horas.

Pero en el caso, la situación es más grave porque la multa no se aplicó a quién contrató el trabajo sino al pintor, porque al final “fue el que colocó la escalera”.

Además, a pesar de que el artículo 47 de la propia ley establece que “Si el infractor fuese jornalero, obrero, o trabajador no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariado, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso. Tratándose de personas desempleadas sin ingresos, la multa máxima será el equivalente a un día de salario mínimo”, lo cual también es una garantía constitucional prevista en el artículo 21, se aplicó la multa al trabajador.

Y esto fue porque la parte final del artículo establece que “Los medios para la acreditación de estas condiciones deberán ser indubitables”. Es decir, si no se prueba que se encuentra en estos supuestos, la multa es aplicada. Cuando el reportero de La Jornada cuestionó a la juez cívica sobre el tema, la funcionaría respondió que “el pintor tendría que presentar su contrato laboral o una constancia de no asalariado por la delegación”.

Pero la funcionaria fue benevolente y le aplicó una multa menor a la prevista en la ley, o la base que utilizó fue una distinta a la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente.

La nota me llama la atención porque por un lado exhibe a una funcionaria que aplica la ley a raja tabla, sin un análisis claro de los hechos y la situación, más aun, desatendiendo la obligación constitucional de “… promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad…”

Y por el otro, exhibe a las autoridades de la CDMX que mientras toleran la ocupación de calles y avenidas por el comercio ambulante, bloqueos a calles y otras lindezas, sancionan a los ciudadanos por mantener sus inmuebles, sin ni siquiera difundir de forma amplia que si se va a ocupar la vía pública, se debe solicitar permiso.

Y no debe ser la única entidad en donde esto sucede.

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