Miércoles  26 de julio  de 2017  12:53 am
Esposas

En la prensa nacional han llamado la atención dos casos, que aunque independientes entre sí, tienen su base en la misma problemática, la aplicación del artículo 16 constitucional y su regulación en la legislación ordinaria.

El artículo 16 constitucional, establece en sus párrafos cuarto y quinto que “La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención”.

El Código Nacional de Procedimientos Penales, por otra parte, establece en el artículo 147 que:

“Cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima y ésta con la misma prontitud al Ministerio Público”.

Así, en Culiacán, Sinaloa, un individuo de alta peligrosidad fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal más cercano, por lo que el individuo fue internado en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas ubicado en la sindicatura de Aguaruto en Culiacán, una cárcel de baja seguridad, en lugar de un centro de detención federal de alta seguridad.

El fiscal solicitó el traslado a otro penal y la defensa se opuso a ello. Mientras duraba el proceso judicial se concedió la suspensión para que el imputado no fuera trasladado por orden de una autoridad administrativa, hasta en tanto no resolviera el poder judicial. Este tiempo lo aprovechó el delincuente para fugarse mientras resolvía el poder judicial.

En Veracruz, dos secuestradores fueron detenidos en febrero y liberados por el juez de control al considerar que existió demora en la puesta a disposición. Un mes después volvieron a ser detenidos en otro operativo antisecuestro.

En ambos casos los fiscales han hecho responsables de los lamentables hechos a los jueces, sin embargo, esta responsabilidad debería ser asumida por los fiscales y por el poder legislativo.

A los fiscales les corresponde establecer políticas que les permita atender a los criterios del poder judicial que definen la aplicación adecuada de las normas legales, de tal forma que sus asuntos lleven el debido sustento para soportar una revisión jurídica.

Pero también debe existir una coordinación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, para impulsar reformas que eviten que los delincuentes, especialmente aquellos de alta peligrosidad, obtengan indebidas ventajas legales.

Mientras que cada actor no asuma su responsabilidad, seguiremos teniendo una impunidad del 99 por ciento.

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