Domingo  24 de septiembre  de 2017  8:30 am
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Desde hace casi siete años se analizan en el Congreso de la Unión distintas iniciativas relacionadas con la policía: la iniciativa de reforma constitucional sobre mando único policial, la minuta del Senado de reforma constitucional sobre mando policial mixto, las reformas a la ley de seguridad nacional, la ley de seguridad interior... pero por una u otra razón no se han convertido en ley vigente.

Estamos atrapados en el discurso de sobreprotección de derechos humanos, del federalismo, la independencia de los municipios, la presencia de las fuerzas armadas en las calles, la época electoral, etcétera, pero aún no tenemos un acuerdo en el tema. Como diría una legisladora hace unos días: “No hay presión, no hay urgencia, no hay plazos”.

Y mientras, los diagnósticos que se hicieron hace casi siete años siguen vigentes. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestra un crecimiento constante desde 2010 de las víctimas del delito, que pasó de 18.8 millones en 2010 a 23.3 millones en 2015.

Según la estadística, tienen una mayor tasa de incidencia el robo o asalto en calle o transporte público con un 28.2 % y la extorsión, con un 24.2%. En este caso en especial, el 94%de los casos fue extorsión telefónica, aunque sólo en 4.7 de los casos la víctima entregó lo solicitado. También destacan el robo total o parcial de vehículo con 11.3% y el fraude con 11%. Estos cuatro delitos abarcan el 74.7 % del total de la incidencia delictiva por cada habitante. Todos son delitos del fuero común, es decir, que su atención corresponde a las policías de los estados. Pero "... no hay presión, no hay urgencia, no hay plazos..."

La ENVIPE estima que en 2015 se denunció el 10.5% del total de los delitos, para los cuales el Ministerio Público inició Averiguación Previa o Carpeta de Investigación en sólo el 6.3 % de los delitos denunciados. De ese 6.3%, sólo en el 1.1 % de los casos las averiguaciones previas derivaron en la recuperación de los bienes, se puso al delincuente a disposición de un juez o se otorgó el perdón.

Así, en el 93.7% de delitos NO hubo denuncia o NO se inició averiguación previa, y esa llamada cifra negra o de impunidad ha ido en aumento: de 2010 a 2015 pasó de 92% a 93.7%. Pero lo más grave es que con estas cifras, el 98.9 % de los delitos se queda sin ningún tipo de sanción o consecuencia. Pero "... no hay presión, no hay urgencia, no hay plazos..."

Además, a este panorama hay que agregarle que hace casi un año el nuevo sistema penal acusatorio entró en vigor en todo el país. Una pieza fundamental de este sistema es la policía, “… una policía científica que investigue y descubra…”, en palabras de Juan Velásquez, uno de los abogados penalistas más reconocidos en México, y duro crítico del nuevo sistema.

Pero esa policía científica en cada una de las entidades es prácticamente inexistente. La policía mexicana en su conjunto es una de las 10 más ineficientes en el mundo, la más ineficiente de América Latina. El 75% de las policías están infiltradas de alguna forma por la delincuencia. De los más de 2000 municipios que existen en el país, 400 no tienen policía y 800 con policías que apenas cursaron la primaria.

Pero, además, el estudio Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la Universidad Autónoma de México, titulado Hacia una nueva policía, diagnóstico y propuesta, revela que 66 % de los policías en nuestro país recibe salarios por debajo de los $8,000, pero peor aun, existe un 2%, que gana menos de $1,600 pesos.

Conforme al artículo 21 constitucional, a estos cuerpos policíacos corresponde también la investigación de los delitos, “bajo la conducción y mando del Ministerio Público”.

Además debe ser capaz de preservar el lugar de los hechos, procesar y trasladar indicios y personas respetando la cadena de custodia, prestar auxilio y protección a víctimas, ofendidos o testigos del delito, emitir los informes correspondientes, comparecer a audiencias cuando se le requiera y solicitar al Ministerio Público que promueva acciones que ayuden a la investigación, cuidando siempre la protección y el respeto a los derechos humanos. Pero "... no hay presión, no hay urgencia, no hay plazos..."

Ante el obscuro panorama, los errores de investigación y al consignar los casos, podrían ser una constante, sólo basta ver algunos ejemplos que aparecen en la red.

Cito uno: un homicidio ocurrido en Macuspana, Tabasco. En una discusión en un bar, un hombre termina siendo asesinado. La policía no pudo definir cuál fue la escena del crimen, porque mientras se dice que el incidente ocurrió al interior del bar, el cadáver está a 150 metros del lugar; el informe del médico forense concluye que la víctima murió desangrada rápidamente, pero no le es posible establecer la profundidad de la herida o las características de la posible arma homicida. El arma homicida no aparece. El perito criminalista no es capaz de determinar si las manchas que encontró en distintos objetos es sangre, mucho menos si la sangre es de la víctima, o si los objetos tienen huellas dactilares del imputado, todo porque sólo es criminalista de campo, y no de gabinete. El imputado salió libre.

Tal vez, como dice Juan Velásquez, sin una policía adecuada el nuevo sistema está condenado al fracaso o tardaremos décadas en ver resultados, pero los legisladores nos dicen que en el tema de las policías “No hay presión, no hay urgencia, no hay plazos”, y pareciera que lo mismo piensan el poder ejecutivo federal y los locales.

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