Martes  26 de septiembre  de 2017  11:01 am

En las redes sociales se ha hecho un llamado para que los partidos donen parte de los recursos que reciben y que recibirán en el año 2018 y que representan casi 7 mil millones de pesos al tratarse de la elección de más de tres mil puestos de elección popular.

Hace una semana la agrupación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) denunció que a partir de que se estableció en la Ciudad de México (CDMX) que la tenencia es sólo para los vehículos cuyo valor sea superior a los 250,000 pesos, los vehículos han sido registrados en otros estados de la República para evitar pagar el impuesto, principalmente en Morelos.

El tema de la Fiscalía General de la República ha ido y venido durante varios meses, pero en las últimas semanas ha ocupado los titulares en los medios por la oposición del PAN y de un conglomerado de organizaciones no gubernamentales que recorren todo el espectro de tendencias porque no quieren que el titular de la actual Procuraduría General de la República se convierta en automático en el titular de la Fiscalía, pero mienten y es mi opinión que todo termina pasando por la agenda electoral.

A principios de este mes, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México derogó el artículo 323 septimus del Código Civil del Distrito Federal que preveía como violencia familiar la alienación parental, suspendiendo en el ejercicio de la patria potestad al padre responsable.

La semana pasada circuló en todos los medios de información la filtración al diario brasileño O’Globo, en la que se afirma que la empresa Odebrecht entregó a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex, un soborno para obtener un contrato de obra en la refinería que se encuentra en Tula, Hidalgo.

A pesar de que fue una evidente violación a la Ley, en Xico, Veracruz, se llevó acabo el llamado “Encierro y capea de toros de lidia”, con la “bendición” del gobernador del estado Miguel Ángel Yunes Linares.

Ayer entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, pero los órganos creados para investigar y perseguir los actos de corrupción aún se encuentran incompletos.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas, sancionarán las faltas administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades.

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